Hacienda continua su cruzada contra la economía sumergida con resultados crecientes. Un ejemplo es el aumento de casi el 37 % del número de expedientes sancionadores abiertos durante el pasado año por la Agencia Tributaria por rebasar el límite de 2.500 euros establecido para los pagos en efectivo. Al cierre del 2015 se contabilizaron 1.313 expedientes de multa, derivados de más de 6.000 expedientes de análisis de denuncias -un 27,8 % más que el ejercicio previo- en relación con la limitación legal para los pagos en metálico.
Cabe recordar que el tope de 2.500 euros para operaciones en efectivo cuando al menos una de las partes de la transacción es un profesional, autónomo o empresario, fue una de las medidas estrella de la Ley Antifraude aprobada en el 2012 con el objetivo de ponerle coto al uso de dinero negro. Así, desde el 2013 las facturas -ya sean las del dentista, el fontanero o el taller mecánico- no pueden abonarse en metálico si sobrepasan el mencionado límite.
